SANTO DOMINGO, RD.– El Poder Ejecutivo emitió el Decreto núm. 714-26, mediante el cual establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, con el objetivo de organizar las inversiones tecnológicas de las instituciones públicas y garantizar su eficiencia, seguridad e interoperabilidad.
La normativa forma parte del proceso de modernización y reforma de la Administración Pública, y busca evitar la duplicidad de gastos, fortalecer la protección de los datos estatales y asegurar la continuidad y calidad de los servicios digitales ofrecidos a la ciudadanía.
Mediante esta disposición, el Ministerio de Administración Pública (MAP) queda designado como autoridad responsable de coordinar la identificación, evaluación, priorización, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales consideradas estratégicas.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que el reglamento representa un avance en la gobernanza tecnológica del país, al procurar que las inversiones en tecnología respondan a una estrategia nacional coordinada y no a iniciativas aisladas de cada institución.
El artículo 6 del decreto declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano, por su importancia para la seguridad, eficiencia e interoperabilidad de los servicios públicos.
La disposición contempla la coordinación de inversiones en plataformas, sistemas, servicios en la nube y otras soluciones tecnológicas que, por su alcance, impacto presupuestario o relación con servicios esenciales, requieran evaluación técnica previa y gestión conjunta entre instituciones.
El reglamento aclara que estas medidas no eximen a las entidades públicas del cumplimiento de las normas de contratación pública, presupuesto, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y demás disposiciones legales vigentes.
Entre las principales medidas figura la exigencia de que las entidades del Poder Ejecutivo obtengan un informe de evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.
Asimismo, el ministerio podrá coordinar procesos de compras conjuntas entre diferentes instituciones, con el propósito de aprovechar economías de escala, optimizar los recursos públicos y reducir costos.
El decreto también crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP e integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
La normativa establece que las soluciones tecnológicas deberán garantizar la portabilidad de los datos, la interoperabilidad entre sistemas y la posibilidad de revertir o sustituir soluciones sin perder el control de los activos digitales del Estado.
En ese sentido, prohíbe las cláusulas contractuales o los diseños tecnológicos que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control estatal sobre sus datos.
Además, las contrataciones que incorporen inteligencia artificial, algoritmos o sistemas de automatización avanzada deberán cumplir criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia, con el fin de proteger los derechos fundamentales.
Con esta medida, el Gobierno busca consolidar una infraestructura digital más integrada, segura y sostenible, mejorar la gestión de los recursos públicos y avanzar hacia servicios estatales modernos y accesibles para la población.