SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó al Congreso Nacional agilizar el trámite legislativo del proyecto de ley que propone extender por dos años la entrada en vigencia de las disposiciones del artículo 31 del Código Penal, relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La iniciativa, impulsada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, fue declarada de urgencia y aprobada por el Senado de la República el pasado 21 de octubre. Sin embargo, aún está pendiente su conocimiento y aprobación en la Cámara de Diputados, así como su posterior valoración por parte del Poder Ejecutivo.
Mediante comunicaciones dirigidas a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, el CONEP valoró la aprobación de la propuesta en la cámara alta y pidió dar continuidad al proceso para que pueda completarse antes del 5 de noviembre de 2026, fecha prevista para la entrada en vigencia de las disposiciones.
El gremio empresarial consideró que la extensión del plazo permitiría una implementación ordenada y efectiva del régimen de responsabilidad penal corporativa, al ofrecer a las empresas y organizaciones tiempo suficiente para adecuar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a las nuevas exigencias legales.
En ese sentido, señaló que la ampliación resulta necesaria para desarrollar programas de cumplimiento, políticas de prevención, mecanismos de control interno, canales de denuncia y procedimientos de evaluación, entre otras medidas requeridas para responder a las obligaciones establecidas en la normativa.
En sus comunicaciones, la organización expresó que, ante la cercanía del 5 de noviembre, resulta importante que el proyecto sea remitido oportunamente a la Cámara de Diputados y que se complete el proceso de aprobación y promulgación antes de esa fecha.
El CONEP también sostuvo que la extensión permitiría avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia y en la definición de criterios institucionales que favorezcan una aplicación uniforme y previsible de las disposiciones.
Asimismo, consideró necesario que la implementación del nuevo régimen contemple criterios claros de imputación y estándares objetivos para evaluar los programas de cumplimiento, tomando en cuenta la naturaleza, el tamaño, la actividad, la estructura y el nivel de riesgo de cada entidad.
A juicio del gremio, estos elementos contribuirían a fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una aplicación efectiva y proporcional de la normativa.
El CONEP pidió al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, impulsar la continuidad del trámite legislativo y la pronta remisión de la iniciativa a la Cámara de Diputados.
De igual manera, solicitó al presidente de esa cámara, Alfredo Pacheco, dar curso al proyecto tan pronto sea recibido, con el propósito de que pueda ser aprobado y promulgado antes del 5 de noviembre.
Finalmente, la organización reiteró su compromiso con el fortalecimiento del marco institucional y la promoción de una cultura empresarial basada en la integridad y el cumplimiento, además de manifestar su disposición de colaborar técnicamente en los procesos de revisión e implementación de las disposiciones.