Santo Domingo.- Fue depositado ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) como un ente público descentralizado funcionalmente del Estado, con el objetivo de fortalecer la regulación, vigilancia y control sanitario de productos de uso y consumo humano en República Dominicana.
La iniciativa fue entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien destacó la importancia de la propuesta para el fortalecimiento institucional del país.
Paliza explicó que el proyecto surge de las conversaciones desarrolladas en el marco de Meta RD 2036, espacio de diálogo entre los sectores público y privado orientado a impulsar el crecimiento de la economía dominicana.
El funcionario señaló que la propuesta procura dotar al país de un organismo regulador más sólido, dinámico y autónomo, capaz de garantizar estándares sanitarios acordes con las necesidades nacionales.
El director general de DIGEMAPS, Marcos Balaguer, destacó que el proyecto representa un avance en la consolidación institucional de la entidad, al establecer que contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica, operativa y presupuestaria.
La institución permanecería adscrita al Ministerio de Salud Pública, pero dispondría de mayores capacidades para ejercer sus funciones regulatorias.
De acuerdo con la propuesta, el nuevo marco legal busca regular de manera integral los procesos relacionados con la producción, importación, exportación, distribución, comercialización, publicidad y vigilancia de medicamentos, alimentos, bebidas, cosméticos y productos sanitarios e higiénicos.
Actualmente, DIGEMAPS tiene su base institucional en el Decreto núm. 82-15, mientras que el Decreto núm. 231-23 le otorgó la condición de órgano desconcentrado funcionalmente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En el encuentro también participaron el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas; el director del Consejo Nacional de Competitividad, Peter A. Prazmowski; y el abogado Alejandro Peña Núñez.