Por Rafael Martínez
El tema haitiano sigue inquietando de manera significativa a los dominicanos. Cada vez que ocurre un evento que involucra a nacionales del vecino país, las alarmas se encienden y las opiniones a favor y en contra afloran de inmediato. Cada quien opina con mayor o menor responsabilidad, y el debate suele terminar en el mismo lugar: una discusión aparentemente estéril que no nos acerca a una opinión homogénea sobre la migración haitiana.
Quizás esa homogeneidad nunca llegue, y no tiene por qué ser el objetivo. Lo que sí podemos y debemos exigir es una política responsable de control absoluto sobre la entrada de personas a nuestro territorio, tanto por vías legales como ilegales. Ese control no es un favor que se pide: es una obligación del Estado.
Esa responsabilidad descansa en nuestras autoridades civiles y militares, a quienes corresponde velar por la seguridad de la nación y responder con honestidad por lo que ocurre en la frontera. Persisten los señalamientos de que parte de esa entrada incontrolable es un negocio, una migración negociada por quienes tienen el deber de impedirla. Mientras ese comercio no se detenga ni se controle, jamás podremos controlar la migración ilegal. Ninguna ley ni ningún muro serán suficientes si quien debe custodiar el paso lo convierte en fuente de ingresos.
Por eso, la recomendación no es rasgarnos las vestiduras enfrentándonos con acusaciones de racismo o xenofobia. Ese pleito no resuelve nada y nos desvía del verdadero problema. Defender el control de nuestras fronteras es ejercer la soberanía, no practicar el odio.
Lo que corresponde es pedir con energía al presidente Luis Abinader, a quien se le reconoce como el mandatario que más ha hecho en favor de la nación dominicana, tanto en escenarios nacionales como internacionales, que ponga definitivamente mano dura en la frontera. Esa firmeza debe dirigirse contra el trapicheo por dinero de los inmigrantes haitianos, es decir, contra quienes lucran con la entrada irregular.
Si se empieza con seriedad por ahí, iniciamos el camino para resolver el problema de manera legal, ordenada y sin recibir ataques de la comunidad internacional. Un país que aplica la ley con transparencia en sus fronteras tiene autoridad moral para defender su posición ante el mundo.
Mano dura, señor presidente. Si no les cobran, no entran.